Polìtica

La prisión preventiva usada mal termina beneficiando al corrupto


La prisión preventiva usada mal termina beneficiando al corrupto – LA NACION


Carlos Pagni


Análisis de Carlos Pagni en LN+

31:33

A continuación, la desgrabación de sus principales conceptos:

  • Queda una sensación de impunidad la misma semana en que el Gobierno dice que va a enviar un proyecto para licuar el poder de

    Comodoro Py

    . Esta sensación de

    impunidad

    tiene que ver con un tema central, delicadísimo, que es

    el de la prisión preventiva

    .

  • Yo vengo hablando del tema de la

    prisión preventiva

    desde que empezó esta ola de prisiones preventivas, y he sido bastante crítico del uso de la prisión preventiva como se ha usado en estos tiempos. ¿Por qué? En el Derecho occidental, liberal hay varias disposiciones o institutos sagrados. Por ejemplo, el derecho de defensa en juicio. Otro es la presunción de inocencia. Todos somos inocentes hasta que, en un juicio justo, se demuestre lo contrario. Aunque esté la sensación de que es evidente que el otro es culpable.

  • José López: nueve millones de dólares en un convento. ¿Es obvio que es culpable? No, no es culpable, hay que demostrarlo en un procedimiento. Esto lo inventó la civilización occidental hace tres siglos, y es lo que la hace sentir superior a otras, anteriores o paralelas.
  • La prisión preventiva es delicada porque pone en tela de juicio este principio. A alguien que es inocente, porque todavía no se demostró su culpabilidad, se lo priva de su libertad. Habría que demostrar muchísimo, con muchos escrúpulos, caso por caso, que esta persona que es inocente tiene la capacidad de destruir pruebas o de fugarse.
  • Acá se determinó, y acá está la discusión, que, si fuiste funcionario en general tenés la capacidad de destruir pruebas, y si fuiste funcionario como grupo (no caso por caso) te merecés, siendo inocente, ir preso.
  • Políticamente, socialmente, mediáticamente lo que queda es un malentendido de que lo metiste preso, de que lo estás castigando por lo que robó y, cuando lo liberás, queda la sensación de que hay impunidad, que es lo que está pasando ahora.
  • Veamos lo ridículo en que entró la Justicia con la aplicación de esta institución. Dijimos que la prisión preventiva se justifica por la capacidad de destruir pruebas o de fugarse. El señor De Vido, ¿tenía más posibilidades de entorpecer la prueba o de fugarse cuando gobernaba Macri o ahora que volvieron al poder los kirchneristas? Sin embargo, lo pusieron preso con Macri, y ahora, que es cuando tendría la capacidad de destruir pruebas, lo liberan.
  • El problema es que la utilización incorrecta de estas instituciones termina beneficiando al corrupto, esta es la preocupación con la prisión preventiva. Si algo quiere un corrupto es un juicio defectuoso, para poder zafar de la Justicia, para que haya nulidades y quedar libre.
  • También es un problema los tiempos largos. El juicio por las coimas en el Senado terminó resolviéndose 15 años después, cuando políticamente ya no cumple el rol que tiene que cumplir: darle a la sociedad la sensación de que, si hay crimen, hay castigo.
  • Tenemos esta ridiculez de que se los metía presos cuando estaban en la oposición y se los libera cuando están en el gobierno. Con otro disparate: en casi todas estas causas, la prisión preventiva llegó cinco, cuatro, tres años después de que se hizo la denuncia. Si tenían posibilidades de destruir pruebas o de fugarse, ya lo hubiesen hecho.
  • Todo esto forma parte de una cantidad de defectos que tenemos en la Justicia argentina, y acá viene la polémica que se armó. Porque mi hipótesis es que los jueces usaron esta medida indiscriminadamente, discrecionalmente porque habían estado mucho tiempo dándole impunidad al kirchnerismo. Y eso generó un escándalo social no solamente sobre los corruptos, sino también sobre los jueces que facilitaban la corrupción.
  • Sobreactuaron en un momento en que la impunidad se había vuelto escandalosa. Sucede que el diario

    LA NACION

    publica en abril de 2016 una nota contando cuál era el estado de las causas de corrupción en Tribunales y cuáles eran los jueces (ahora hubo una manipulación extraordinaria de esta información, diciendo que el diario pedía prisiones, nadie pidió la prisión de nadie). Era una cobertura. La información que surgió en aquel momento es que los jueces dijeron: «Nos empiezan a mirar a nosotros, metamos a alguien preso rápidamente: Ricardo Jaime». Tenía varias causas. Lo meten preso.

  • Ahora estamos ante la paradoja de que a alguien como Jaime (con sospechas de corrupción abrumadoras) o como José López (que lo vimos entrar con nueve millones de dólares a un convento), o el propio De Vido o Amado Boudou, el sistema les da el derecho de victimizarse.
  • Esto es lo increíble del discurso kirchnerista hoy: decir que esto es lawfare. Dicen que son los medios los que aprietan a los jueces, no el poder político, para que queden presos gente inocente como Jaime, como De Vido, como Baratta. En la causa de los cuadernos, la información es letal. La primicia de

    LA NACION

    , no solamente está tan circunstanciada que prácticamente parece irrefutable, sino que hay empresarios que dicen: «sí, yo pagué».

  • Si uno trata esto defectuosamente, desde el punto de vista procesal, termina dándoles impunidad a estos delincuentes. Este es el tema de ser muy escrupuloso con los procedimientos, y este es el costo que está pagando ahora Comodoro Py, teniendo que liberar a esta gente.
  • Hay una cantidad de expresiones muy interesantes de Cristina Kirchner, que dice que esto es algo internacional sobre América Latina para castigar a gobiernos progresistas, en la que forman parte los medios, los jueces, los Estados Unidos, y agencias del Estado. ¿A qué se refiere con agencias del Estado? ¿A la UIF, a la Oficina Anticorrupción, a la AFIP, que son querellantes en las causas de corrupción. Y que, muy saludablemente, Alberto Fernández no impidió que fueran querellantes?
  • Yo no sé si Cristina no le está hablando a Fernández. Si ella dice que las querellas de estas agencias son parte del lawfare, es decir, de la manipulación de la Justicia para persecuciones ideológicas, Alberto Fernández no ha dado, hasta ahora, ninguna instrucción para que las querellas se suspendan. No solo eso: hace diez días, la AFIP, como querellante (del Gobierno de Fernández), pidió ocho años de prisión para Lázaro Báez.
  • El abogado de la AFIP de Alberto Fernández dijo que Lázaro Báez debía ir preso (en una condena definitiva, no con prisión preventiva), porque había sido parte de una matriz de corrupción que dominó a este país desde 2003 a 2015, los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner.
  • Esto lo está diciendo un abogado de la AFIP de este Gobierno sobre la actividad del gobierno de Néstor Kirchner y Cristina Kirchner. Es obvio que Cristina está indignada y dice que esto es lawfare, lawfare que hace su gobierno.
  • Veremos hasta dónde llega esta tensión, una tensión estructural que hay dentro de este gobierno. Porque el problema es que el discurso de Fernández implica un saneamiento judicial que, para Cristina, debe ser retroactivo, y debe ser revisar todas las causas de corrupción. Acá está la contradicción y es muy incómoda entre ambos.
  • Hay un aspecto muy curioso del tema del lawfare: que habla de la región. Se plantea que Estados Unidos manipula a los sistemas judiciales y a la prensa para castigar a los gobiernos igualitarios. Pero, en la misma oleada, cayó el expresidente de Perú Pedro Pablo Kuczynski. Si hay alguien ultraliberal en América Latina en los últimos 20 años, es él. Está a la derecha de Macri.
  • No es amigo de los Estados Unidos, es un niño mimado de los Estados Unidos. Según la doctrina de Cristina Kirchner y del kirchnerismo, Estados Unidos lo quiso voltear por ser un gobierno igualitario.
  • Otro ejemplo: los años de gobierno del Frente Amplio en Uruguay. Ciclo que empieza con Tabaré Vázquez, Mujica, Vázquez de nuevo. Largo ciclo de más de diez años. Son gobiernos igualitarios, que vinieron a imponer la justicia social. Los dos gobiernos de Michelle Bachelet en Chile eran progresistas. Pero en todos estos ejemplos, aparentemente, no hubo lawfare. ¿O a los Estados Unidos se les escaparon?
  • No. La diferencia es que ahí no robaron. La diferencia está en que en Uruguay no robaron, y en Chile no robaron. No pasa por ser igualitarios o fascistas.
  • Entonces, parece haber una construcción muy deficiente desde lo conceptual, que se agarra de incorrecciones (que la Justicia Federal facilita) que nos quieren hacer creer que ha habido una persecución ideológica organizada por la Justicia y la prensa, las dos instituciones independientes que preocupan a cualquier mentalidad autoritaria, para poner presa a gente «inocente» como De Vido, como Jaime.
  • Cristina tiene un problema enorme en su carrera política, que es la situación judicial. Es más, el PT en Brasil, el kirchnerismo en la Argentina, la izquierda liderada por Rafael Correa en Ecuador, o estridentemente Maduro en Venezuela denota un problema de una izquierda que renunció a los valores del progresismo y se corrompió. Se contamina una tradición de izquierda progresista o populista, con la corrupción.
  • El comienzo de la carrera política de Cristina Kirchner, durante largos años, era una figura como Elisa Carrió. Una abanderada anticorrupción. Hoy, tiene que estar inventando estos argumentos para defender a funcionarios cuya conducta no pueden explicar.
  • Pero el problema central lo tiene Alberto Fernández. Hay un proyecto de cinco senadoras que dice que cualquier investigación donde se filtre un dato a la prensa no se puede aplicar la prisión preventiva. Partimos de una ficción que es que esto son dos gobiernos, que esas son cosas de Cristina y Alberto va por otro lado.
  • Esto está sucediendo en la presidencia de Alberto Fernández, y Fernández es el presidente. Entonces, él va a tener que explicar en algún momento si su proyecto de reforma judicial termina en el proyecto de las cinco senadoras, si conduce a un manto de impunidad que interprete que cualquier causa de corrupción es lawfare o si el realmente quiere iniciar una etapa de saneamiento de la vida institucional en la Argentina.
  • Este decreto de la AFI, que espero sea una ley, me parece un gran decreto. No hay motivo para pensar que él no tenga un compromiso con las cosas que dijo, pero evidentemente tiene un problema político dentro de su coalición para llevar adelante esta agenda. En la semana en que Fernández propone la reforma judicial, Cristina dijo que esa reforma era para terminar con la impunidad del macrismo y para poner en claro la persecución de los inocentes.
  • Entonces, en el borde, decimos que esta reforma judicial es para garantizar niveles de impunidad. Y no debe ser para lo que la quiere Alberto Fernández. Pero cada vez hace más falta una aclaración del Presidente.
  • Cuando se vea la acción de Fernández más claramente, vamos a saber si la interpretación es la que él dio el domingo (los problemas de la falta de justicia se arreglan con más justicia, no con menos), o si es la interpretación que dio ayer Cristina: la reforma judicial nos va a poner en «la senda de la República», y la República es que, todo lo que sea juzgado de corrupción, en alguna medida, es lawfare.

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