Polìtica

La Corte Suprema dejó firme la condena a tres años y medio contra Luis D’Elía por la toma de la comisaría de La Boca



La Corte desestimó hoy un recurso que había presentado el exfuncionario kirchnerista Luis DElía contra la condena en su contra por la toma de la comisaría de La Boca Fuente: Archivo

La Corte Suprema de Justicia dejó firme la condena a 3 años y seis meses de prisión contra el exfuncionario kirchnerista Luis D’Elía por la toma de la comisaría 24 de La Boca, un hecho de 2004, al desestimar un recurso que había ensayado su defensa ante el máximo tribunal. De este modo, quedó firme el fallo en su contra.

D’Elía se encuentra detenido en su casa, cumpliendo arresto domiciliario, desde abril pasado. Le fue concedido de manera transitoria, a raíz de la pandemia de Covid-19.

La decisión de la Corte de dejar firme la condena contra el líder piquetero se conoce luego de que el Gobierno decidiera avanzar con la creación de un comité de expertos que asesore al presidente Alberto Fernández en la restructuración y funcionamiento de la Corte.

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 6 había impuesto a Luis D’Elía una condena de 4 años de cárcel por la toma de la comisaría 24 de La Boca. Había sido condenado por el delito de atentado a la autoridad agravado, lesiones leves, instigación a cometer delitos, privación ilegal de la libertad y usurpación.

La defensa presentó entonces un recurso de casación a partir del cual la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal rechazó por unanimidad los cuestionamientos de D’Elía, a excepción de aquel vinculado a la prescripción de la causa.

La Casación, en voto dividido, condenó entonces a D’Elía por instigación a cometer delitos y le impuso la pena de tres años y seis meses de prisión. El juez que mantuvo su disidencia interpretó que el plazo de prescripción de todas las conductas estaba determinado por el delito de pena más grave.


La toma de la Comisaría 24 de La Boca, en 2004
La toma de la Comisaría 24 de La Boca, en 2004 Fuente: Archivo

Contra ese fallo, la defensa de D’Elía interpuso un recurso extraordinario, que le fue denegado, y llegó a la Corte con un recurso de queja. Ahora, el máximo tribunal, por unanimidad, desestimó ese recurso por inadmisible. Con ello quedó firme la condena.

En 2004, el líder piquetero era subsecretario de Tierras para el Hábitat Social en el gobierno de Néstor Kirchner. La madrugada del 26 de junio irrumpió con un grupo de seguidores en la seccional policial para reclamar por el crimen de uno de sus compañeros, el dirigente comunal Martín «Oso» Cisneros. D’Elía siempre aseguró que Cisneros fue asesinado por un narcotraficante de la zona que gozaba de protección policial de la comisaría 24. Los manifestantes coparon la comisaría, agredieron al cabo primero Rubén Braga y generaron destrozos. Según la causa, llegaron a orinar las pertenencias del comisario y un cuadro de Quinquela Martín desapareció del local.

Arresto domiciliario

D’Elía dejó la cárcel con una autorización dispuesta por el Covid-19. La sala de feria de la Cámara de Casación integrada por los jueces Juan Carlos Gemignani, Mariano Borinsky y Daniel Petrone había hecho lugar a un recurso de la defensa y ordenado a la jueza Sabrina Namer que se pronunciara nuevamente sobre el pedido de prisión domiciliaria de D’Elía, que ella misma había rechazado.

Namer había argumentado que, según un informe médico formulado por el Servicio Penitenciario Federal (SPF), no correspondía que D’Elía dejara la cárcel, pero en virtud de que fue internado por un cuadro de fiebre, luego del fallo de la Casación la jueza finalmente le concedió el beneficio.

Con el fallo firme, D’Elía seguirá cumpliendo la condena en su casa, si es que no hay una decisión judicial en contrario.

El arresto domiciliario de D’Elía fue objeto de una controversia porque el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragala, había pedido que le fuera otorgado ese beneficio al piquetero condenado. E incluso se había interesado llamando para recordar que estaba pendiente de resolución su pedido. Namer consideró el llamado como una suerte de injerencia en su causa y dejó constancia de esa comunicación en el expediente judicial.

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