Polìtica

Cruces por denuncias de espionaje político en Chubut



El vicegobernador Sastre, enfrentado a Arcioni, pidió a la Justicia investigar presuntas amenazas; involucran a agentes policiales Fuente: Archivo

RAWSON.- ¿Quién
espía a los políticos de
Chubut? El interrogante quedó instalado tras acusaciones cruzadas y una denuncia del propio vicegobernador,
Ricardo Sastre, sobre supuesto espionaje y una advertencia acerca de una posible causa «plantada» por drogas para provocarle un perjuicio político.

Sastre mantiene una tensa relación con el gobernador,
Mariano Arcioni, y llevó el caso a la Justicia, en medio de un enrarecido clima político. Uno de los policías que aportó información a Sastre sobre el supuesto espionaje ilegal está involucrado en el hecho, pero contra el propio Arcioni, según confirmó el procurador general de la provincia, Jorge Miquelarena.

El jefe de los fiscales aseguró que se trata de un comisario de Chubut que se desempeñaba en el equipo interdisciplinario del Ministerio Público. Fue apartado del cargo cuando se advirtió que era el principal sospechoso de espiar las entradas y salidas del país del mandatario.

Según declaró Sastre a la Justicia, efectivos de la policía de Chubut lo alertaron acerca de una investigación ilegal en su contra. El fiscal de Puerto Madryn, Daniel Báez, confirmó que abrió una investigación por presuntas «amenazas» al vicegobernador, quien presentó una denuncia por mensajes que recibió de dos policías.

En declaraciones a Radio Chubut, Báez dijo que hace diez días Sastre se manifestó preocupado porque le enviaban mensajes de texto para decirle que tuviera cuidado porque estarían intentando armarle una causa. «Le dicen que tuviera cuidado, porque había un grupo de personas de la fuerza policial que estarían tratando de armar algo, le nombran a sus hijos. Le dicen que tome recaudos, pero no le dicen por qué», explicó el fiscal.

Báez aseguró que el vicegobernador «aporta los elementos necesarios, mensajes de WhatsApp y capturas de pantalla donde le pasan datos e información, pero no da muchos nombres». Aseguró que el caso es «débil» y que «la verdad es que es todo bastante confuso».

Clima agitado

Las acusaciones tienen como telón de fondo un complicado escenario político en Chubut. A la continuidad del pago escalonado a empleados estatales se suma la protesta de los gremios estatales que, mientras mantienen en paro sectores como los de la Justicia y la salud, amenazan ahora con no empezar las clases.

Durante el verano, y a raíz de las diferencias políticas entre Arcioni y Sastre, sobrevoló la posibilidad de una ruptura en el propio bloque oficialista de la Legislatura, lo que luego se desactivó.

Los rumores sobre el supuesto espionaje al vicegobernador volvieron a poner en escena las diferencias y desconfianzas mutuas. «De ninguna manera el jefe de la policía ni nadie de la plana mayor hemos admitido que hay algún espionaje ni seguimiento de ningún político de la provincia de Chubut. Si hay un seguimiento, lo vamos a hacer dentro de un legajo fiscal», dijo el ministro de Seguridad local, Federico Massoni.

En medio de la polémica, Miquelarena sostuvo que uno de los informantes de Sastre es investigado por un hecho contra Arcioni.

«Debe haber un claro mensaje del trabajo de la Policía. Si investigan a un gobernador y al vicegobernador, ¿en manos de quién estamos», declaró Sastre. Sobre su denuncia, dijo que «hice lo que hubiera hecho cualquier persona. Si un efectivo brinda información sobre algo que se estaría tramando alrededor de mi círculo familiar y días después aparece un auto sin patente en la puerta de mi casa, cuando ingresaba con mi hijo menor, y se da a la fuga cuando intento fotografiarlo, no me queda otra que ir a la Justicia».

Según recordó Miquelarena, el origen de la investigación se remonta a octubre del año pasado, cuando el juez Rodolfo Canicoba Corral recibió informes de la Dirección Nacional de Migraciones que indicaban que las entradas y salidas del país de, al menos, cinco gobernadores -uno de ellos Arcioni-, dos diputados y un senador eran vigiladas.

Miquelarena remitió la información sobre el presunto espionaje a Canicoba Corral. «Es por un pedido del juez, que me envió un oficio, lo que ameritó el inicio de un sumario administrativo dentro del Ministerio Público Fiscal», señaló el funcionario judicial. Así, se comenzó una investigación interna y se detectó que la computadora que había sido utilizada para requerir la información correspondía a la casa donde este policía se alojaba en Esquel.

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