Polìtica

Correo Argentino: la Cámara cerró a los Macri el camino a la Corte y avanza hacia el proceso de «salvataje»



La Cámara de Apelaciones le cerró a la familia Macri el camino para volver a la Corte con el concurso del Correo Argentino Fuente: Archivo

Esta vez, no. La Cámara de Apelaciones le cerró ayer el camino a la familia Macri para volver a la Corte Suprema con el concurso del Correo Argentino y evitar así que se abra el proceso de salvataje o «cramdown» de la empresa, que puede terminar en su declaración de quiebra.

Las camaristas Matilde Ballerini y María Lilia Gómez Alonso de Díaz Cordero concluyeron que los abogados del Grupo Socma no lograron sostener la arbitrariedad del fallo de la propia Cámara, requisito esencial para llegar a la Corte, por lo que rechazaron su recurso extraordinario.

Los abogados podrían ahora intentar una última y aún más difícil vía para llegar al máximo tribunal con la presentación de un recurso «de queja», y exponer allí el «cariz político» que adquirió el trámite del concurso, según arguyen, «por la persecución que el Poder Ejecutivo motoriza contra la familia Macri y sus directivos, según evidencian diversos medios de comunicación y propias presentaciones del Estado nacional».

Para la Cámara, sin embargo, la familia Macri buscó tomar a la Corte como «tercera instancia» revisora de sus decisiones, cuando el ordenamiento jurídico solo habilita llegar al máximo tribunal por razones excepcionales, contra sentencias arbitrarias de carácter definitivo.

En esa línea, la fiscal Gabriela Boquín ya había pedido que la Cámara rechazara la apelación del Grupo Socma tras concluir que la petición de los Macri atentaba contra el principio de igualdad ante la ley y buscaba dilatar aún más el concurso, que se inició en 2001. «Correo Argentino SA se ha beneficiado con un proceso que prolongó su estado concursal impidiendo medidas de agresión contra su patrimonio provocando licuación de pasivos a través de la espera que implica el trámite de la causa, situación que, sin perjuicio de apartarse de normas expresas de la ley de concursos y quiebras no resulta equiparable a la de cualquier otro deudor que se presente a peticionar una solución preventiva», planteó.

Boquín recordó que el llamado «período de exclusividad» previsto por la ley es de 120 días hábiles, «como máximo», pero que en este proceso lleva ya más de quince años. «Sería raro encontrar concursados que se hubieran beneficiado con procesos tan elongados en el tiempo y con plazos exasperadamente laxos, como ha sucedido en las presentes actuaciones», desafió.

Pedido de sanción

Por su parte, el procurador general del Tesoro, Carlos Zannini, quien había pedido que se desestimara la apelación de los Macri por incumplir con los requisitos formales de la acordada 4/07 de la Corte (por el tamaño de la letra en un párrafo del recurso), pidió también que se aplique una sanción disciplinaria contra el presidente del Correo Argentino, Jaime Kleidermacher, porque presentó un escrito en respuesta al suyo, «fuera de todo contexto, quebrantando el buen orden del proceso», lo que demostraría su conducta «maliciosa».


El procurador de Tesoro, Carlos Zannini, había pedido que el recurso de los Macri fuera rechazado por el tamaño de la letra. Intentó además, sin éxito, que el presidente del Correo Argentino fuera sancionado
El procurador de Tesoro, Carlos Zannini, había pedido que el recurso de los Macri fuera rechazado por el tamaño de la letra. Intentó además, sin éxito, que el presidente del Correo Argentino fuera sancionado

La Cámara no ahondó en el cumplimiento de las cuestiones formales en el recurso de apelación que presentaron los Macri, ni tampoco ordenó una sanción contra Kleidermacher, pero sí dispuso el desglose de su escrito tras recordar que «la legislación procesal no contempla el responde o réplica» que intentó contra el planteo de Zannini.

Ahora, tras la decisión de la Cámara de Apelaciones, podría allanarse el camino para avanzar con el procedimiento de salvataje o «cramdown» del Correo Argentino. Es decir, la apertura de un registro en que podrían anotarse aquellos -incluidos acreedores, el propio deudor, trabajadores y terceros ajenos- que ofrezcan pagar la deuda de la empresa y quedarse con su control. Si no prospera el «cramdown», sin embargo, la Justicia podrá decretar la muerte comercial de la empresa.

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