Polìtica

Coronavirus: El voto gobierna los pasos de la pandemia


La política está siendo sometida por

el coronavirus a un nivel de estrés desconocido.

En el corazón del poder, los funcionarios parecen desbordados. Se acentúan también, contra lo que prometería la intuición, las disputas de poder. Y afloran las tradicionales miserias del Estado. Desde los problemas de financiamiento hasta los negociados que anidan en la burocracia. La escena se configura, sin embargo, con un criterio inalterable:

la búsqueda del voto.

La persecución de ese deseo explica las conductas aun en esta dificilísima situación. La

cuarentena

se irá flexibilizando

con cuentagotas.

En principio, porque modera o, en todo caso, posterga una demanda que pondrá contra las cuerdas al sistema de salud. El miedo al costo político que haría pagar ese desborde paraliza a quienes deben decidir. Hay otro incentivo a mantener a la gente dentro de sus casas: las estadísticas argentinas, comparadas con las de otros países de la región, son mejores de lo que se esperaba para esta instancia de la crisis. Se podría pensar que ese éxito, siquiera provisorio, aconsejaría ir liberando las fuerzas productivas. Pero es al revés. El Gobierno mira los números sanitarios y bloquea más la puerta. Sobre todo por la escasez de reactivos, que impide multiplicar los tests e identificar con mayor precisión a la población en riesgo. Otra vez es un déficit sanitario el que obliga a paralizar la economía.

Existe un factor más, bastante elemental, que hace que hoy los dirigentes se enamoren de la clausura. Organizar una mínima salida puede ser una catástrofe. Es la lección que dejó el riesgo al que fueron sometidos los jubilados, el viernes pasado, en la puerta de los bancos. El sueño de una comunidad organizada, que los peronistas heredaron de su fundador, resulta más fácil de alcanzar encerrando a todos. La consigna «de casa al trabajo y del trabajo a casa», que era una materialización de ese proyecto, se vuelve libertaria en una epidemia. Mejor, entonces, «de casa a ningún lado», que hoy es la expresión abreviada de aquella utopía.


Fuente: LA NACION

Las encuestas son una motivación adicional para que, en el dilema entre la cuarentena necesaria y la recesión posible, los que están al frente del Estado prefieran la cuarentena. Desde que se desató la crisis y dispuso el distanciamiento social,

Alberto Fernández

mejoró su imagen en 30 puntos. Un estudio de Federico Aurelio, de Aresco, sobre el área metropolitana, consigna que pasó de 53 a 86 puntos de imagen positiva. Aurelio apunta que hay que remontarse 16 años atrás para encontrar un fenómeno similar. Está hablando de la apoteosis de Néstor Kirchner, que, en alguna medida, también se debía al aleteo de una mariposa en China: la mejora en los precios de las materias primas. Claro, son aleteos muy distintos. Con consecuencias opuestas. Juan Germano, de Isonomía, coincide con el panorama de Aurelio. Pero apunta que, en sus estudios, la situación de Fernández está amenazada por la fragilidad. La adhesión de los consultados siempre es «por ahora». Y otro aspecto importante del problema: comienza a aparecer la expectativa de una estrategia de salida, sobre todo para el derrumbe material.

Para los políticos, en general, esas limitaciones son detalles. Todos quieren parecerse a Fernández. También porque el modelo alternativo de los que se inquietan por las derivaciones económicas de este enfoque sanitario arroja malos resultados. Jair Bolsonaro debió someterse a las recomendaciones de su ministro de Salud, quien le preguntó en una reunión de gabinete si estaba dispuesto a ver una fila de camiones del Ejército trasladando féretros. Y Boris Johnson está en terapia intensiva. Por eso los gobernadores que vieron anteayer al Presidente pidieron prolongar la cuarentena.

Es curioso que esos mismos jefes provinciales no conecten el aislamiento con el otro drama que los desvela: la caída brutal de la recaudación, derivada de la baja abrupta de la actividad. Hay provincias que estudian pagar los sueldos fragmentados. Córdoba emitió un bono para pagar a proveedores. Una cuasi cuasimoneda. Un homenaje a José Manuel de la Sota, quien, en 2001, se dejó convencer por Carlos Ruckauf y creó el Lecor, hermano menor del Patacón. Los líderes locales prefieren emitir sus propios papeles antes que depender del porcentaje de emisión monetaria que les asigne la Casa Rosada, siempre ligado a alguna contraprestación desagradable.

Hay jurisdicciones que entrarán en default de un momento a otro. La próspera ciudad de Buenos Aires tomará dinero prestado por 150 millones de dólares. El peronismo autorizó ese empréstito en la Legislatura. Fue una orden de Alberto Fernández a su hombre en esa asamblea, Claudio Ferreño, jefe de la bancada opositora. Un signo de los tiempos: la colaboración entre Fernández y Horacio Rodríguez Larreta. El alcalde es otra estrella tanto en las encuestas de Germano como en las de Aurelio: mejoró en la misma proporción que el Presidente. Líderes más intransigentes, como Cristina Kirchner, Axel Kicillof y Mauricio Macri, no registran movimientos desde que empezó la crisis.

El abismo recesivo mortifica a la dirigencia no solo por sus efectos sobre la recaudación. En todos los que gobiernan comienza a haber temor por algún desborde social. La ministra de Seguridad, Sabina Frederic, realizó ayer un inesperado homenaje a su antecesora Patricia Bullrich, al anunciar operativos de ciberpatrullaje para que las fuerzas federales puedan generar «alertas tempranas de malhumor social». Es una práctica que ya se realiza en algunas provincias. Por ejemplo, en Misiones, a través del ciberpatrullaje sobre Twitter, la policía pudo allanar un domicilio donde dormía la siesta el secretario de Energía, Sergio Lanziani. Es cierto que la dueña de casa había emitido varios tuits sobre cacerolazos. Pero repudiándolos. También es cierto que Lanziani libra un conflicto encarnizado con el jefe provincial Carlos Rovira por el control de Yacyretá, la represa que Carlos Menem llamó «monumento a la corrupción». Menem, que si de algo sabe es de monumentos.

Lo más probable es que la antropóloga Frederic ignore que el artículo 4º de la ley de inteligencia prohíbe «obtener información, producir inteligencia o almacenar datos sobre personas» por razones de raza, religión, opción política, pertenencia a organizaciones, etc., «así como por la actividad lícita que desarrollen en cualquier esfera de acción». A diferencia de lo que señaló ayer la ministra, la norma no discrimina entre información pública o privada. Lo relevante del anuncio de Frederic es que, otra vez, la peste se convierte en una excusa irreprochable para que muchos funcionarios se propongan iniciativas que, es muy probable, les encantaría emprender también sin pandemia alguna. Desde el ciberpatrullaje hasta el control de precios. Bendito coronavirus.

Con su monitoreo, Frederic puede detectar cacerolazos. Pero también el asalto a un supermercado que algún desprevenido organice por la red. Es un cuadro paradójico. Porque el malestar social por el enfriamiento de la economía crece en sectores sociales más proclives al oficialismo. Es un fenómeno crucial. A medida que la recesión se vuelve más asfixiante, más afectada queda la base electoral del kirchnerismo. Es lógico: a menor cantidad de recursos, menor capacidad económica de soportar el aislamiento.

Aquí radica una de las razones por las que el escándalo de los sobreprecios que se pagaron en el Ministerio de Desarrollo Social por los alimentos haya tenido un efecto político tan corrosivo en el peronismo. Esa cartera es un engranaje central en la estrategia de poder del grupo gobernante. La crisis afecta a los más pobres. Sobre todo a los del conurbano. Y en esa franja están los votos de Cristina Kirchner. Es el motivo por el cual la pandemia expuso, mucho antes de lo previsto por él mismo, el liderazgo que Máximo Kirchner ejerce, y espera expandir, sobre el Gran Buenos Aires.

Las irregularidades con las compras de alimentos ponen sobre la superficie un submundo que, ajeno a toda grieta, sobrevive casi sin cambio a varias administraciones. Una peculiaridad es que, en su mayoría, los proveedores no son productores, sino intermediarios. Algunos de ellos vienen cumpliendo esa función con todas las administraciones y con los mismos precios. Es el caso de Víctor Lusardi y sus empresas, que saltó a la luz esta semana y que ya venía haciendo grandes negocios con la administración de Macri. Una curiosidad: la empresa Aysa fue demandada por una suma multimillonaria por la empresa Blend, que fue reemplazada como proveedora de comida el 9 de diciembre del año pasado. Es decir, un día antes del cambio de gobierno. Aysa era el reino de José Luis Lingeri, «Mr. Cloro», íntimo amigo de Silvia Majdalani, un dato interesante ahora que los patrullajes están de moda. ¿Será ese contrato uno de los motivos de su conflicto con Malena Galmarini?

Lusardi es señalado por su gravitación en la gestión de Daniel Arroyo. Hay empresarios que afirman, suplicando confidencialidad, que cuando se ofrecieron como proveedores desde el ministerio los mandaron a negociar con Lusardi. El kirchnerismo replica: ¿por qué no les preguntan a Diego Santilli o a Felipe Miguel por el club de la alimentación? No pedían preguntar por Néstor Grindetti porque justo ayer estaba recorriendo Lanús con el Presidente. Chicanas contra los que tuvieron o tienen algo que ver con un negocio de provisión al Estado que se ha ido monopolizando, entre otras cosas, porque solo quien lo ejerce adquiere la escala para prestar ese servicio.

Los que administran recursos públicos se van convirtiendo en víctimas del coronavirus antes de que estalle, en serio, la pandemia. A ese grupo de riesgo ingresaron los funcionarios de Desarrollo Social. Alberto Fernández insiste en que el suyo es un gobierno de coalición. En ese tipo de administraciones, los ministerios suelen repartirse entre los aliados. Sucedió siempre en Brasil y Chile. Sucede hoy en España. El Presidente, en cambio, eligió otro diseño: loteó las funciones dentro de cada cartera. Quiere decir que, en cada área, deben convivir no solo facciones políticas con jefes externos que compiten entre sí. Rivalizan también los conceptos sobre lo que hay que hacer.

Desarrollo Social es un caso típico. Arroyo es el coordinador simbólico de funcionarios que responden al viejo ministerio de Alicia Kirchner y Carlos Castagnetto, hoy director general en la AFIP y recaudador de las campañas de Cristina Kirchner. De aquella gestión surgieron caudillejos que hoy son intendentes: Cascallares, Nardini, Sujarchuk. A ellos respondía el decapitado Gonzalo Calvo, secretario de Política Social. Calvo se fue despotricando contra Laura Alonso, la representante de La Cámpora. Desde esa agrupación la defienden: «Alonso se encarga del aspecto nutricional del reparto de alimentos; está lejísimos de comprar mercadería o fijar precios». Más cerca del fuego estaría la secretaria administrativa, Cecilia Lavot, amadrinada por Alicia Kirchner.

La crisis alienta a las organizaciones sociales, que compiten con los intendentes en el control territorial que permite la asistencia a los más necesitados. El más activo de ese grupo en el ministerio es Emilio Pérsico, del Movimiento Evita. Juan Grabois, que emitió un temprano tuit para denunciar los sobreprecios, milita en ese sector. Lo llamativo de ese mensaje de Grabois es que consiguió la adhesión de Victoria Tolosa Paz, la hiperalbertista encargada de la iniciativa de famosos contra el hambre.

El bochorno de las compras de Desarrollo Social desnudó la inconveniente anatomía del equipo de gobierno. Y las disputas por el dominio de un área crucial para el clientelismo kirchnerista. La biología es pavorosa. Pero no tanto como para que se le subordine la búsqueda del voto.

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