Polìtica

Confirman el sobreseimiento de gobernadores e intendentes por las viviendas no construidas de Sueños Compartidos



En esta causa, la fiscal pidió que Hebe de Bonadini sea llevada a juicio oral en diciembre de 2018 Fuente: Archivo

La Justicia confirmó el sobreseimiento de

exgobernadores e intendentes que estaban acusados de contratar sin licitación

y por

fuera de los mecanismos de control

habituales la

construcción de viviendas sociales

que debía realizar la

Fundación Madres de Plaza de Mayo

a través del programa


Sueños Compartidos.

La decisión de la Sala I de la Cámara Federal benefició a Gerardo Zamora, gobernador de Santiago del Estero; Jorge Milton Capitanich, gobernador del Chaco; Maurice Fabián Closs, exgobernador de Misiones y actual senador nacional; Miguel Lifschitz, exgobernador de Santa Fe; Alejandro Granados, intendente de Ezeiza; Julio César Zamora, intendente de Tigre; Darío Giustozzi, exintendente de Almirante Brown y exembajador en Ecuador; y a los exfuncionarios José Valentín Benítez y Omar Vicente Judis (Chaco), Marcelo Cascón y Ricardo Adolfo Escobar (Misiones), Omar Ahmed Abboud (CABA) y Carlos Adrián Pisoni (Buenos Aires).

La Justicia entendió que «los fondos comprometidos provenían del Estado Nacional y desde la Secretaría de Obras Públicas se les requería a las jurisdicciones locales la contratación de la Fundación Madres de Plaza de Mayo como condición excluyente para su asignación».

La fiscal Paloma Ochoa, el fiscal de Cámara y la Unidad de Información Financiera apelaron la decisión del juez de primera instancia Marcelo Martínez de Giorgi y argumentaron que los acusados estaban «en pleno conocimiento de lo que estaban haciendo (u omitiendo) y que podrían haber evitado esas acciones u omisiones en tanto las mismas resultaban lesivas, no solo de las normas que regían su desempeño funcional sino diversos bienes jurídicos penalmente tutelados». Aludieron a la «teoría de la ignorancia deliberada».

Pero la Cámara, con la firma de los jueces Pablo Bertuzzi, Leopoldo Bruglia y Mariano Llorens, entendió que los fiscales y la querella, más allá de mostrar su desacuerdo con el fallo anterior, no reunieron elementos nuevos que alteren la última decisión de dictar la falta de mérito de los acusados, que ya había sido consentida por los acusadores. Tampoco «mencionaron ningún rumbo claro que otorgue suficiente sustento a su pretensión», dijeron.


Gerardo Zamora y Jorge Capitanich, los dos gobernadores en ejercicio con sobreseimiento confirmado
Gerardo Zamora y Jorge Capitanich, los dos gobernadores en ejercicio con sobreseimiento confirmado Crédito: Télam

Por eso, los camaristas reiteraron que «las jurisdicciones locales no tenían la originaria responsabilidad en la concesión de los fondos públicos comprometidos», razón por la que «no parece posible reprocharles a sus responsables el sometimiento a las exigencias de los funcionarios que sí la tenían para acceder a esos financiamientos», en tanto «se acredite que ese apartamiento del marco regulatorio -y, por lo tanto, de la transparencia que debe primar en las contrataciones públicas- ha obedecido exclusivamente a las circunstancias apuntadas y no, por lo contrario, a favorecer el desvío de los montos abonados a la Fundación Madres de Plaza de Mayo para la construcción de viviendas».

Y determinaron que, tras nueve años de investigación, la propuesta de los acusadores de una sola medida de prueba («expresada en términos genéricos y sin una evidente utilidad») no puede seguir siendo único fundamento para seguir manteniendo sometidos al proceso a los acusados.

Con estos argumentos, y por unanimidad, dejaron firmes los sobreseimientos dispuestos por el juez Martínez de Giorgi el 19 de diciembre de 2019.

En esta investigación,


Hebe de Bonafini

quedó a un paso del juicio oral y público

porque la fiscal Ochoa pidió al juez Martínez de Giorgi que la titular de la Asociación Madres de Plaza de Mayo sea sometida a un proceso oral. El pedido de la fiscal, sin embargo,

fue hecho en diciembre de 2018.

En el caso se investiga el

desvío de más de 200 millones de pesos en la construcción de viviendas sociales.

El juez Martínez de Giorgi, a cargo de la instrucción de la causa, ya elevó a juicio oral a los hermanos Pablo y Sergio Schoklender.

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