Polìtica

Alejandro Vandenbroele denunció al gobierno de Alberto Fernández ante la CIDH



Tras renunciar al Programa de Protección de Testigos e Imputados, el arrepentido del caso Ciccone denuncia que peligra su integridad Fuente: Archivo – Crédito: Santiago Filipuzzi

Alejandro Vandenbroele, el otrora testaferro del exvicepresidente
Amado Boudou, solicitó de manera formal la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (
CIDH) al considerar que las nuevas autoridades del gobierno argentino ponen en riesgo su «libertad» y su «integridad física» y «moral».

Vandenbroele presentó la denuncia ante la CIDH tras poner en duda que el juez federal
Ariel Lijo, a cargo de continuar con la investigación de la segunda parte del »
caso Ciccone«, pueda aguantar lo que calificó como una «embestida» en su contra del «espacio político» que integra Boudou y que retornó al poder en 2019.

En el escrito que remitió a la sede de la Comisión en Washington, Vandenbroele apuntó en particular al secretario de Justicia,
Juan Martín Mena, y a otros «miembros del Poder Ejecutivo», como así también al flamante presidente del Consejo de la Magistratura,
Alberto Lugones, quien afirmó que »
hay sentencias basadas en testimonios complejos, como testigos comprados, como pasó en el caso [de Amado] Boudou».

Según Vandenbroele, declaraciones como las de Lugones, quien llegó al Consejo como uno de los tres representantes de los magistrados, constituirían «un claro prejuzgamiento y una coacción hacia los jueces intervinientes en una causa abierta en que se investiga el contenido de las filtraciones» de su legajo en el
Programa de Protección de Testigos.

Vandenbroele, quien se acogió al régimen del «arrepentido» en noviembre de 2017, también le informó a la CIDH que renunció el viernes 21 al Programa debido a la «filtración y difusión mediática ilegal» de su legajo, lo que adujo que comprometió su «seguridad de manera exponencial» con el fin de provocar su «escarnio público» y buscar «un beneficio procesal entre condenados pertenecientes al espacio político del nuevo gobierno». Es decir, del ex vicepresidente.

En sus últimas declaraciones radiales, Boudou
afirmó que no quiere «un indulto» del presidente Alberto Fernández sino una «revisión» de su condena judicial, a la que calificó de «trucha» y producto de una «persecución política» orquestada por la gestión de
Mauricio Macri.

Boudou consideró que Vandenbroele es «la punta del iceberg de los arrepentidos» para demostrar que el gobierno Cambiemos habría utilizado el programa de testigos protegidos «para persecución política», y se consideró víctima del llamado »
lawfare» que también denunciaron la expresidenta -y actual vicepresidenta-
Cristina Fernández de Kirchner, el ex titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP)
Ricardo Echegaray y
Luis D’Elía, entre otros.

«Protegidos por los denunciados»

A esas y otras declaraciones, Vandenbroele también sumó en su denuncia ante la CIDH la decisión del presidente
Alberto Fernández de anular un decreto de necesidad y urgencia de Macri y reafirmar que el Programa de Protección de Testigos continúe bajo la órbita del Ministerio de Justicia. Para el ex testaferro de Boudou, eso no haría más que colocarlo a él y a otros testigos «a la peligrosa e inédita situación de estar supuestamente protegidos por los denunciados o personas afines».

«A todas luces las acciones de parte del Estado argentino, desde el Poder Ejecutivo, Ministerio de Justicia y sectores encumbrados del Poder Judicial ponen en serio riesgo y vulneran mis derechos consagrados en el Pacto de San José de Costa Rica, al que el Estado Argentino ha adherido», argumentó Vandenbroele ante la CIDH, que evaluará ahora los pasos a seguir.

«He participado en hechos que derivaron en delitos de corrupción, en los que participaron varios funcionarios del Gobierno de mi país entre los años 2007 y 2015, entre ellos, el exvicepresidente de la Nación Amado Boudou y el actual gobernador de la provincia de Formosa, Gildo Insfrán», reconoció Vandenbroele en su denuncia, en la que planteó que ahora necesita la intervención de la CIDH garantizar su protección.

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