Economía

Los enemigos de la cuarentena


Nadie podría sensatamente reclamarle al gobierno de Alberto Fernández que tuviera todo previsto y calculado al declarar la cuarentena obligatoria para enfrentar la dimensión desconocida de la pandemia global de coronavirus. Ninguna infraestructura está preparada para situaciones excepcionales; desde el sistema de salud hasta la logística de entrega de compras digitales en grandes cadenas de supermercados.

Sin embargo, tras el colapso ocurrido ayer con los pagos de jubilaciones y asignaciones sociales de la Anses, algún funcionario debería explicar por qué fueron considerados rubros esenciales las ferreterías pero no los bancos, antes de que el Banco Central dispusiera de apuro la atención al público durante este fin de semana. Para mayor desconcierto, el último listado con nuevas excepciones tampoco los había incluido ayer mismo a diferencia de las mutuales y cooperativas de crédito, en este caso con guardias mínimas para «garantizar el funcionamiento del sistema de créditos y/o de pago» (sic).

Como dirían los abogados, hubo culpas concurrentes para que en pocas horas miles y miles de personas -en gran mayoría, del grupo de riesgo sanitario- transgredieran masivamente las normas más elementales del aislamiento preventivo contra el Covid-19.

No pueden eludir su responsabilidad en esta falta de previsión tanto la Anses como el BCRA ni tampoco el gremio bancario, renuente a la posibilidad de que sus afiliados trabajaran en las sucursales en plena cuarentena. Unos y otros podrían argumentar, con razón, que en las últimas dos semanas funcionaron los cajeros automáticos y las operaciones por home banking. Pero aquí también hubo un diario del lunes que no parecen haber leído, pese a que la Anses cursa cada mes órdenes de pago a 14 millones de beneficiarios a través de las entidades financieras oficiales y privadas.


Según el último informe del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA, sobre desigualdades sociales en tiempos de pandemia, casi 46% de los mayores de 60 años no usa cajero automático porque cobra su jubilación por ventanilla. Esa proporción se eleva a 53,7% en el segmento de obreros integrados y a 67,4% en el de trabajadores marginales. Además, promedia 37% la no utilización de tarjetas de crédito y débito para realizar compras a raíz de la preferencia por disponer de efectivo, que alcanza a 64% en los más vulnerables. Incluso hay quienes cuentan con tarjeta pero olvidaron la clave de acceso por falta de uso, desconocen cómo recuperarla, no tienen familiares que pudieran ayudarlos o bien cobrar por ellos.

A esto se suma el típico hábito de los jubilados de mayor edad de ir a cobrar al banco como actividad social y hacerlo con mucha anticipación (ayer hubo colas 6 horas antes de la apertura, a pesar de la temperatura otoñal), con lo cual paradójicamente agravan el problema de largas esperas que en teoría buscan evitar. Esta consecuencia es similar a la provocada por los consumidores en el fin de semana previo a la cuarentena, cuando multiplicaron sus compras preventivas de productos esenciales (o no tanto) en los supermercados y complicaron el abastecimiento posterior.

Pero en los cajeros automáticos ya existía el antecedente de largas filas para cobrar sueldos durante el último fin de semana largo. Y, en el caso de todos los beneficiarios de la Anses, también influyó que quienes no pudieron percibir personalmente sus haberes o asignaciones de marzo, tienen como plazo máximo para hacerlo el miércoles 8 de abril.

Hasta esa fecha, incluso hoy y mañana, los bancos atenderán exclusivamente los pagos de la Anses, que la semana entrante comenzará a abonar las jubilaciones de abril y la siguiente el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) de $10.000 a trabajadores informales, empleadas domésticas y monotributistas de las categorías A y B, para el cual ya se preinscribieron unos 11 millones de personas. Si bien los cálculos oficiales prevén que esta asistencia -en principio por única vez- alcanzará a menos de la mitad y será canalizada a través de los teléfonos celulares (billetera electrónica para pagos de compras y servicios públicos) para los trabajadores no registrados, la falta de costumbre puede complicar su aplicación práctica.

Pero al margen de la extensión -total o parcial- de la cuarentena, las restricciones a la atención bancaria no sólo afectan a los sectores más vulnerables. También impiden el acceso de otros clientes a las cajas de seguridad, donde se supone recalaron buena parte de los depósitos en dólares que salieron del sistema a lo largo del año pasado y alcanzaron a US$ 14.000 millones sólo entre las PASO y el 10 de diciembre. Quienes necesitan extraerlos y cambiarlos por pesos, ya sea para pagar impuestos u otras obligaciones, no pueden hacerlo desde hace dos semanas, lo cual le quita otro eslabón a la deteriorada cadena de pagos, además de frenar eventuales operaciones comerciales o inmobiliarias que venían en caída libre.

El caos de ayer frente a las sucursales bancarias, en especial del conurbano bonaerense, cerró la peor semana de Alberto Fernández desde que acertadamente se anticipó con las medidas preventivas frente al coronavirus. Ya no podrá aplicar con Sergio Palazzo la misma vara que con Hugo Moyano, de elogiarlo por cuidar a sus afiliados y señalarlo como dudoso ejemplo a seguir, al redimirlo de su cuestionable pasado de aprietes y negocios turbios. También quedaron descolocadas varias afirmaciones presidenciales de tono demagógico, como el reclamo a las empresas de que ganen menos como si no vinieran de dos años de recesión y dos semanas de parate total en muchos sectores. O ser inflexible con el control de precios máximos, traducido en 1800 inspecciones de la AFIP y sólo 9 clausuras, pese a aumentos de dos y tres dígitos en algunos rubros que rara vez emiten facturas.

En una sociedad sensibilizada por la cuarentena y medidas que la burocracia preexistente impide acelerar, la grieta política reapareció en los balcones con el cacerolazo en reclamo de que los legisladores se rebajen sus dietas como gesto simbólico de esfuerzo compartido. Más que el proyecto de ley surgido del invariable oportunismo de Sergio Massa, sería mejor un listado voluntario para poder identificar a quiénes adherirían y quiénes no.

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