Economía

La jefa nunca duerme – LA NACION


No alcanza con las encuestas: en momentos en que, según el sondeo que publica todos los meses la Universidad Di Tella, el índice de confianza en el Gobierno llegaba a niveles récord en más de 15 años, solo comparable a los registros que Kirchner tenía en febrero de 2004, la reemplazante del director de la Anses terminó siendo una integrante de La Cámpora. Como para revivir, en plena administración de la crisis sanitaria por el

coronavirus,

aquel eslogan de campaña con que en el Instituto Patria explicaban la unción de Alberto Fernández en la fórmula: «Con Cristina no alcanza, sin Cristina no se puede». Y eso que la decisión de pedirle la renuncia a Vanoli fue del Presidente y su entorno: le venían reprochando varias cuestiones, entre ellas, la última, demoras en la extensión del pago del ingreso familiar de emergencia, para lo que el ahora exfuncionario pedía por lo menos dos semanas. La conclusión del episodio es sin embargo política y excede el desencuentro administrativo: la jefa nunca duerme.

Para el establishment económico es un llamado de atención. Gran parte de ese elenco venía entretenido con el acompañamiento que la sociedad le estaba dando al Presidente por haber conseguido retrasar, con la cuarentena, la curva de contagios del virus. Pero la llegada de Fernanda Raverta a la Anses confirma presunciones anteriores al Covid-19. Y vuelve, por lo pronto, más creíble aquella advertencia con que los funcionarios de Alberto Fernández intentaban convencer al mundo de los negocios de respaldar la propuesta para la negociación de la deuda: hay que hacerlo porque, si Martín Guzmán fracasa, es probable que su reemplazante se parezca más a Kicillof que a Lavagna o Redrado, repetían. La Unión Industrial Argentina (UIA) tuvo el miércoles un encuentro virtual con el ministro de Economía y lo apoyó en esa gestión. «Una pronta resolución permitirá generar un escenario de previsibilidad macroeconómica para atravesar la emergencia sanitaria, promover la inversión privada y crear empleo», difundió después la central fabril en un comunicado.

El reemplazo de Vanoli, y particularmente algunas circunstancias que lo desencadenaron, representa entonces la ratificación de un rumbo que, con o sin virus, el Gobierno quiere darle a la administración. Los cuestionamientos hacia él empezaron en marzo, durante la controversia con Techint por la suspensión de obras y trabajadores en la cuarentena, cuando los kirchneristas advirtieron que el ejecutivo que hablaba públicamente por la constructora era Miguel Ángel Toma, director designado en agosto de 2016 por Macri en representación de la Anses. «Si bien Toma tiene el mandato vencido, continuará en el cargo hasta que la asamblea de accionistas lo reemplace -le explicó Vanoli a Página 12 el 1º de abril-. No pudo designarse uno nuevo porque no hubo asamblea: se iba a hacer en la última semana de marzo, pero las actividades están todas suspendidas por el aislamiento».


Son cargos sensibles y apetecibles. Desde que se estatizó el sistema de jubilaciones y pensiones, el Estado tiene participación en 56 compañías privadas a través del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que se nutrió del flujo y el stock que entonces tenían las AFJP. La iniciativa puede ahora incomodar a los empresarios, pero fue en su momento respaldada por casi todos los sectores de la vida política, incluida una parte importante del establishment económico. Sin ir tan lejos: entre los asistentes a aquel acto de octubre de 2008 en la Anses en que se anunciaba y festejaba la medida estaba el entonces presidente de la UIA, Juan Carlos Lascurain. «Venimos hoy a esta reunión a dar nacimiento al Sistema Previsional Argentino, un sistema de reparto, de base solidaria y de administración estatal -dijo ese día Amado Boudou, jefe de la Anses-. Con este nacimiento venimos a dar por terminado el experimento fracasado del régimen de capitalización».

Son tensiones de poder que el virus no alcanzó a postergar. Al contrario: la parte más ideologizada del Frente de Todos ve en la emergencia sanitaria el momento ideal para discutirlas. Hay al respecto múltiples conflictos por delante, algunos de ellos inminentes: la relación con el sistema privado de salud o, más cerca aún, con las alimentarias por los precios y el abastecimiento en las góndolas.

Alberto Fernández deberá convivir con todo esto porque integra una coalición. Le pasó esta semana con la controversia por la liberación de los presos, que intentó saldar con la publicación de un tuit. «Es conocida mi oposición a ejercer la facultad del indulto. Digo esto en momentos en que una campaña mediática se desata acusando al Gobierno que presido de querer favorecer la libertad de quienes han sido condenados», aclaró el Presidente. El mensaje no alcanzó sin embargo a evitar el cacerolazo de anteayer, gestado a partir de una concatenación de indicios y hechos que exceden a los medios y a las redes. Entre ellos, un gesto institucional fuerte: que un secretario de Estado se siente a negociar con delegados de un penal con nada para perder.

Lo más controvertido del asunto había empezado sin embargo antes de la cuarentena y está escrito, no solo en los diarios. El 18 de marzo, la jueza Sabrina Namer, que por entonces tenía que expedirse sobre el pedido de prisión domiciliaria de Luis D’Elía, recibió un llamado telefónico de la Secretaría de Derechos Humanos para recordarle que el Gobierno estaba interesado en la libertad del dirigente de Miles por cuestiones de salud. Namer consignó en el expediente el requerimiento, que definió ahí como «un llamado inapropiado».

Es imposible explicar el cacerolazo de anteayer sin considerar estos pasos dados o permitidos por Alberto Fernández. E interpretados en el establishment económico y el peronismo ortodoxo como un regreso a los tiempos de la ambigüedad previos al Covid-19. Parte de esa dirigencia protesta ahora en voz baja: la interna original del Frente de Todos llegó antes que la curva de contagios y parece estar resolviéndose en favor del kirchnerismo. Como si la crisis y la necesidad de estar en el territorio con soluciones concretas estuvieran convocando al Instituto Patria, desde donde además empiezan a cuestionar incluso las encuestas favorables al Presidente, que atribuyen a un «fenómeno porteño». No debería entonces sorprender que intendentes cercanos al jefe del Estado hayan celebrado en Twitter el reemplazo de Vanoli y el arribo de Andrés Larroque al gabinete bonaerense: cuando las diferencias no se pueden postergar, lo que queda es disimularlas.

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